La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, nueve exintegrantes de su gabinete y tres particulares, señalados de presuntas irregularidades en el proceso de restitución de un predio.
De acuerdo con la investigación, los implicados habrían incurrido en los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
Funcionarios y particulares vinculados
Entre los exfuncionarios procesados figuran; Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía. Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria Legal de Movilidad. Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial. Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios y Secretaria General (e).
Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación. Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación. Alethia Carolina Arango Gil, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público. Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores y Fabio Andrés Trujillo García Trujillo, exsecretario General.
Los particulares vinculados al caso son Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, identificados como los tenedores del predio en cuestión.
Presuntas maniobras irregulares
Los elementos probatorios recaudados por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública indican que, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, los exfuncionarios habrían buscado favorecer a los particulares modificando la forma de restitución del terreno.
En un primer intento, se habría pretendido cambiar la cesión gratuita del lote por una compraventa que permitiera pagar más de 40.500 millones de pesos. Tras el fracaso de esa gestión, el exalcalde Quintero y el exsecretario General habrían expedido actos administrativos para incrementar el avalúo del predio y autorizar su entrega, además de permitir desarrollos urbanísticos prohibidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Con este escrito, el proceso avanza hacia la etapa de juicio, donde la justicia definirá las responsabilidades penales de los acusados.
