Hoteles, residencias y establecimientos comerciales habrían manipulado medidores y realizado conexiones ilegales para reducir el pago de agua, energía y gas.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 40 bienes ubicados en Medellín, Antioquia, que estarían relacionados con una presunta red dedicada a la defraudación de servicios públicos. Los activos afectados, entre inmuebles y establecimientos de comercio, están avaluados en más de 77.000 millones de pesos.
La decisión fue adoptada por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Delegada para las Finanzas Criminales, quien ordenó el embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión de los bienes investigados.
Según las investigaciones, varios hoteles, residencias y establecimientos comerciales habrían manipulado durante años los medidores de agua y energía para alterar el registro real de los consumos. Además, presuntamente realizaron conexiones ilegales, especialmente a las redes de gas, con el propósito de obtener beneficios económicos indebidos y reducir el pago de los servicios públicos.
Las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía contaron con el apoyo técnico de Empresas Públicas de Medellín (EPM), entidad que aportó información clave para detectar las irregularidades.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, los investigadores identificaron constantes cambios de razón social, representación legal y titularidad de los bienes, maniobras que presuntamente eran utilizadas para dificultar el rastreo patrimonial y ocultar la relación de los activos con las actividades ilícitas investigadas.
La Fiscalía concluyó que existen fundamentos para aplicar las medidas cautelares dentro del proceso de extinción del derecho de dominio, al considerar que los bienes habrían sido utilizados como instrumento para la ejecución de actividades ilegales y estarían vinculados a beneficios obtenidos mediante estas conductas.
Las diligencias fueron realizadas por funcionarios de la Policía Nacional, quienes materializaron las medidas ordenadas por las autoridades judiciales.
Mientras avanza el proceso de extinción del derecho de dominio, los 40 bienes quedaron bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de custodiar y gestionar los activos afectados por decisiones judiciales en Colombia.
Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance de la presunta red y establecer las responsabilidades correspondientes en este caso de fraude a los servicios públicos en Medellín.
