En la audiencia de conciliación entre el presidente Gustavo Petro y el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, realizada ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó sin ningún acuerdo.
Origen
La demanda fue interpuesta por Petro luego de que Polo Polo, en una publicación en X, acusara a la izquierda —y de forma indirecta al mandatario— de tener responsabilidad política en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.
Petro consideró esas acusaciones como “calumnia” y pidió a la Corte Suprema abrir una investigación penal contra el congresista.
La diligencia, presidida por el magistrado Francisco Javier Farfán Molina, tenía como objetivo evaluar si era posible una conciliación —es decir, un acuerdo entre las partes— o si el caso debía continuar por la vía penal.
Sin conciliación
Según informó la Corte Suprema, la audiencia terminó sin acuerdo. Petro manifestó que no puede aceptar ningún tipo de conciliación “a menos que el representante Polo Polo se retracte de sus mentiras”.
El proceso penal por los presuntos delitos de injuria, calumnia y hostigamiento agravado continúa su trámite.
Declaraciones
Petro alertó que los señalamientos de Polo Polo, replicados por redes sociales, buscan difundir versiones falsas y expandir el odio político, lo cual representa una amenaza a la democracia y al debate público.
Polo Polo, por su parte, reafirmó que su intención no es difamar, sino plantear una posición crítica: a su juicio, existe responsabilidad política por parte del Gobierno en la muerte de Uribe Turbay —responsabilidad estatal que no, según él, pertenece al “pleito contra la izquierda”.
Este nuevo capítulo judicial consolida lo que desde hace semanas se percibía como un choque frontal: judicialización del discurso político y cuestionamientos al uso de redes sociales como tribuna. El fallo de conciliación fallida implica que el país asistirá, probablemente, al desarrollo de pruebas, audiencias y un debate jurídico de alto impacto.
En La Chiva de Urabá estaremos atentos al desarrollo del caso, sus repercusiones políticas y lo que esto signifique para la libertad de expresión, el debate democrático y los límites entre crítica política y responsabilidad penal.
