El hacinamiento carcelario sigue siendo uno de los problemas más críticos del sistema penitenciario en Colombia. Durante años, esta situación ha impactado no solo a los establecimientos carcelarios, sino también a las estaciones de Policía y unidades militares, concebidas únicamente para la detención transitoria y no para la permanencia prolongada de personas privadas de la libertad.
En Antioquia, esta problemática se ha reflejado en la sobreocupación de los Centros de Detención Transitoria (CDT), donde cientos de detenidos permanecen por meses e incluso años, generando condiciones indignas, afectaciones a los derechos humanos y una sobrecarga operativa para la Fuerza Pública.
Esa realidad motivó a la Corte Constitucional a emitir la Sentencia SU-122 de 2022, en la que ordenó a las entidades territoriales y al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para superar el estado de cosas inconstitucional en estos espacios.
En respuesta a esta situación, la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, firmó un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que permitió el traslado de 100 personas privadas de la libertad desde estaciones de Policía y unidades militares hacia establecimientos carcelarios del país.
Del total de trasladados, 60 se encontraban en estaciones del Departamento de Policía Antioquia, 37 en estaciones del Departamento de Policía Urabá y 3 en la Brigada XVII del Ejército Nacional, una de las unidades más afectadas por la permanencia prolongada de detenidos en la subregión.
Según informó la Gobernación, esta medida busca no solo descongestionar los CDT, sino también liberar pie de fuerza policial y militar, permitiendo que los uniformados se concentren en labores de seguridad y prevención del delito, en lugar de funciones de custodia que no les corresponden.
El convenio contempla además que, durante el primer semestre de 2026, se realice el traslado de otros 80 privados de la libertad bajo esta misma modalidad, como parte de una estrategia gradual para reducir el hacinamiento y dar cumplimiento a los mandatos constitucionales.
Desde distintos sectores se espera que este tipo de acciones se mantengan y se refuercen, pues el hacinamiento carcelario y en estaciones de detención transitoria continúa siendo un desafío estructural que requiere soluciones sostenidas, coordinación interinstitucional y una política criminal integral para Antioquia y el país.
