Las autoridades colombianas continúan utilizando la extinción de dominio como una de las herramientas más efectivas para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado. Este mecanismo jurídico permite al Estado reclamar bienes muebles e inmuebles —como casas, fincas, edificios, vehículos y establecimientos comerciales— cuando se demuestra que están vinculados directa o indirectamente con actividades ilícitas.
En ese contexto, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, asestó un golpe a las finanzas de organizaciones criminales al ocupar 431 bienes avaluados en $445.115 millones, en operativos desarrollados entre el 14 y el 20 de diciembre en nueve departamentos del país.
Según el Ministerio de Defensa Nacional, los bienes estaban “al servicio de los carteles del ELN, el Clan del Golfo y la estructura delincuencial Cordillera”, organizaciones señaladas de financiar delitos como el narcotráfico, el terrorismo, la minería ilegal, el lavado de activos y el homicidio.
La extinción de dominio, regulada por la Ley 1708 de 2014 y el Código de Extinción de Dominio, es un proceso judicial de carácter autónomo e independiente de los procesos penales. Esto significa que no se requiere una condena previa contra los propietarios para iniciar el trámite. Basta con que la Fiscalía establezca que los bienes fueron adquiridos con recursos de origen ilícito, utilizados para actividades ilegales o que representen un incremento patrimonial injustificado.
El proceso se inicia de oficio por parte de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones correspondientes y, cuando encuentra elementos suficientes, solicita ante un juez la aplicación de medidas cautelares como el embargo, secuestro o la suspensión del poder de disposición sobre los bienes, con el fin de evitar su venta, traspaso u ocultamiento mientras avanza el proceso judicial.
Durante esa etapa, los bienes quedan bajo custodia del Estado. Posteriormente, un juez de extinción de dominio es el encargado de evaluar las pruebas presentadas y determinar si procede o no la pérdida definitiva del derecho de propiedad.
En caso de que el fallo sea favorable al Estado, los bienes pasan a su dominio y son administrados por entidades como la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o el Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB). Algunos de estos activos pueden ser destinados a fines sociales o puestos a disposición del público a través de subastas legales.
La ley también contempla garantías para terceros que hayan adquirido bienes de manera legal. Quienes demuestren haber actuado como terceros de buena fe, sin conocimiento del origen ilícito de los activos, pueden presentarse al proceso y aportar la documentación que respalde su derecho.
“El impacto de estas operaciones va más allá de las capturas. Cada inmueble, cada vehículo y cada activo recuperado es un golpe directo a las finanzas del narcotráfico, el terrorismo, la minería ilegal, el lavado de activos y el homicidio. Defender la vida también es cerrarle el camino al dinero ilegal”, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado oficial.
Con esas acciones, las autoridades buscan asfixiar económicamente a las organizaciones ilegales, reducir su capacidad operativa y afectar las estructuras que sostienen la violencia en distintas regiones del país, incluida la subregión de Urabá.
