Luego de privilegiar durante más de tres años el diálogo, la erradicación voluntaria y los programas de sustitución de cultivos ilícitos como pilares de su política antidrogas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció un endurecimiento de su estrategia, incluyendo el retorno de la fumigación con glifosato en territorios con alta presencia de economías ilegales y control de grupos armados.
El anuncio fue realizado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras un consejo de seguridad de alto nivel celebrado entre el Gobierno nacional y la cúpula militar y de Policía, convocado luego de los recientes atentados terroristas en Aguachica (Cesar) y en el municipio de Buenos Aires (Cauca), hechos que dejaron varios militares muertos, decenas de heridos y graves daños a la infraestructura local.
Del diálogo a la coerción estatal
Desde el inicio de su mandato, el Gobierno Petro apostó por una política antidrogas basada en el enfoque social, priorizando la erradicación voluntaria, la sustitución de cultivos y la negociación con comunidades campesinas, bajo el principio de que el problema de las drogas debía abordarse desde sus causas estructurales: pobreza, abandono estatal y falta de oportunidades.
Esta estrategia estuvo alineada con la política de “Paz Total”, que buscaba abrir canales de diálogo con distintos actores armados ilegales. Sin embargo, según ha reconocido el propio Ejecutivo, varios de estos grupos no solo desestimaron las ofertas de paz, sino que fortalecieron sus estructuras criminales, expandieron los cultivos ilícitos y aumentaron las acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.
Atentados que marcaron un punto de quiebre
Los ataques registrados recientemente en Aguachica y Buenos Aires se convirtieron en un punto de inflexión para el Gobierno. De acuerdo con el ministro Benedetti, estos hechos evidenciaron fallas en las estrategias militares y de control territorial, lo que permitió la incursión de estructuras armadas ilegales en zonas sensibles.
“Hubo fallas en las estrategias militares”, reconoció el jefe de la cartera política, señalando que los atentados no solo cobraron la vida de uniformados, sino que también generaron zozobra entre la población y afectaciones significativas a la infraestructura local.
Ante este escenario, el Gobierno concluyó que era necesario ajustar la política antidrogas, reforzar la acción del Estado y enviar un mensaje contundente a los grupos armados que continúan financiándose del narcotráfico.
Regresa la fumigación con glifosato
Como parte de este viraje, el Ejecutivo anunció el regreso de la fumigación con glifosato, una medida que había sido suspendida en años anteriores por razones ambientales, de salud pública y por decisiones judiciales.
Según el Gobierno, esta herramienta se aplicará en territorios donde la erradicación voluntaria no ha sido viable y donde existe una fuerte presencia de grupos armados ilegales que impiden la acción institucional.
Las autoridades señalaron que la fumigación será implementada bajo nuevos protocolos, con mayor control estatal y articulación con la Fuerza Pública, buscando afectar de manera directa las finanzas de las organizaciones criminales.
Un giro que reabre el debate nacional
El anuncio ha reavivado el debate en el país sobre la efectividad, los impactos ambientales y sociales del glifosato, así como sobre los límites de la política de diálogo con actores armados ilegales.
Por ahora, el Gobierno Petro insiste en que el endurecimiento de la política antidrogas no implica abandonar el enfoque social, sino responder con mayor firmeza frente a quienes han cerrado la puerta a la paz y continúan utilizando el narcotráfico y el terrorismo como herramientas de guerra.
