Por: La Chiva de Urabá – 8 de julio de 2025

El Gobierno anunció la disponibilidad de 2.549 cupos para que mujeres condenadas por ciertos delitos, que además sean madres cabeza de hogar en condición de marginalidad, puedan solicitar la sustitución de su pena de prisión por trabajos de utilidad pública, en el marco de la Ley 2292 de 2023.

Este beneficio aplica especialmente a mujeres cuya condena no supere los ocho años, y que hayan sido sentenciadas por hurto o tráfico de estupefacientes, dos de los delitos más comunes entre la población femenina en las cárceles del país. A la fecha, 165 mujeres ya han logrado sustituir su pena por servicio comunitario, y 16 de ellas han finalizado por completo su condena bajo esta modalidad.

La medida, liderada por el Ministerio de Justicia, se ejecuta en colaboración con 30 entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro, incluyendo alcaldías, gobernaciones y fundaciones, que ofrecen espacios para que estas mujeres puedan aportar a la sociedad mientras reconstruyen sus vidas.

Según el Centro de Monitoreo de la Ley de Utilidad Pública, el programa ha sido exitoso, destacando una tasa de reincidencia del 0% entre las mujeres que han accedido al beneficio. El departamento de Santander lidera la implementación, con más de 13 mujeres cumpliendo labores comunitarias.

De las cerca de 20.000 mujeres privadas de la libertad en Colombia, al menos 4.500 cumplen con los requisitos para acceder a esta alternativa penal que busca, además de descongestionar el sistema carcelario, promover la inclusión, la reparación social y la no repetición.