El Gobierno Nacional avanza en la restauración ecológica y social del río Atrato, con una inversión de 19.700 millones de pesos que beneficiará a 27 municipios de su cuenca.
El proyecto, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se desarrolla en el marco del Convenio 023 de 2025 suscrito entre el Fondo para la Vida y la Biodiversidad y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), y busca dar cumplimiento a la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos.
Restauración con enfoque comunitario y biocultural
En el municipio de Atrato (Chocó), el Ministerio de Ambiente formalizó cuatro acuerdos de restauración ecológica con los consejos comunitarios de La Molana, Paimadó, Cocomopoca y Cocomacia, los cuales beneficiarán directamente a comunidades afrodescendientes y campesinas.
Estos acuerdos contemplan la recuperación de 300 hectáreas mediante la siembra de más de 165.000 plántulas de especies nativas y agroforestales, seleccionadas bajo criterios técnicos y bioculturales que buscan restablecer la cobertura vegetal, la conectividad ecológica y los servicios ecosistémicos del territorio.
“Con estos acuerdos, el Ministerio de Ambiente está cumpliendo el mandato de la Sentencia T-622 de 2016. Su ejecución se enmarca en el subprograma ‘Atrato, Territorio de Cultura y Vida’, financiado por el Fondo para la Vida”, explicó Óscar Puerta, director de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio.
Ciencia, comunidad y territorio
El proceso de restauración se sustenta en una metodología de gobernanza colaborativa, en la que las comunidades locales son protagonistas. Las áreas de intervención fueron identificadas y validadas con los consejos comunitarios, que asumirán las labores de plantación, mantenimiento y conservación a largo plazo.
El IIAP acompañará el proceso con soporte científico, técnico y de monitoreo, garantizando que el conocimiento ancestral de las comunidades se articule con la ciencia y la institucionalidad.
Este modelo busca fortalecer la autonomía comunitaria, promover el desarrollo sostenible y consolidar una relación equilibrada entre la naturaleza y las comunidades que habitan el territorio.
Un río con derechos
En 2016, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-622, que declaró al río Atrato como sujeto de derechos, convirtiéndolo en uno de los primeros en el mundo en recibir este reconocimiento.
La decisión histórica estableció que proteger el río implica también garantizar los derechos fundamentales de las comunidades que dependen de él para su subsistencia, seguridad alimentaria y preservación cultural.
Pobladores aledaños del río Atrato, consideran que a pesar de que la inversión los beneficia, también reclaman dragar las bocas del citado río en sus desembocaduras en el Golfo de Urabá, mientras que eso no se haga, de acuerdo a líderes de los municipios de Carmen del Darién, y Riosucio, seguirán sufriendo cada año por inundaciones sistemáticas con la consabida perdida de sus cultivos y animales.
