El Gobierno radicará el próximo 20 de julio ante el Congreso de la República un proyecto de ley con el que busca prohibir el fracking en Colombia, una iniciativa que será sustentada con estudios científicos y ambientales que, según el Ejecutivo, evidencian los riesgos de esta práctica para las comunidades y los ecosistemas.
El proyecto será liderado por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el respaldo de la bancada del Pacto Histórico, informó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.
«Es una iniciativa para proteger el agua, la vida y nuestros ecosistemas. Durante años se intentó vender el fracking como la solución para el país; incluso hubo gobiernos que impulsaron esa apuesta y fracasaron. Nosotros defenderemos la transición energética y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esta práctica ponga en riesgo nuestros territorios y el patrimonio ambiental de los colombianos», afirmó el ministro.
El anuncio fue realizado durante la entrega de dos proyectos de energía solar en los municipios de Becerril y Curumaní, en el departamento del Cesar, donde el Ministerio de Minas y Energía puso en funcionamiento 2.494 paneles solares que beneficiarán a más de 4.300 habitantes.
Proyectos solares en el Cesar
La inversión en estas iniciativas asciende a 36.000 millones de pesos y permitirá generar 1.870 megavatios-hora (MWh) de energía limpia al año. Los proyectos, con una vida útil estimada de 25 años, buscan ampliar el acceso a energía confiable, asequible y sostenible como parte de la estrategia de Transición Energética Justa.
Las obras hacen parte del programa nacional de Comunidades Energéticas, una de las principales apuestas del Gobierno para reducir las brechas en el acceso al servicio de energía, especialmente en las Zonas No Interconectadas, los territorios dispersos y las poblaciones vulnerables.
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, actualmente el país cuenta con 848 comunidades energéticas implementadas, que benefician a 567.558 personas, atienden a 42.200 usuarios, suman una capacidad instalada de 29,68 megavatios pico (MWp) y representan inversiones superiores a 382.913 millones de pesos.
«Estos proyectos demuestran que la democratización de la energía es una realidad que llega a los territorios históricamente excluidos, llevando energía limpia, reduciendo las brechas sociales y fortaleciendo la participación de las comunidades en la construcción de un sistema energético más justo y sostenible para Colombia», señaló Palma.
El Ministerio destacó que las Comunidades Energéticas se han consolidado como una de las principales herramientas para impulsar la generación de energía a partir de fuentes limpias, fortalecer la participación ciudadana y promover un desarrollo territorial más equitativo y sostenible.
