Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes impuso medida de internamiento preventivo a un joven de 17 años, señalado como presunto determinador del homicidio de su abuela, María Nohelia Correa, y de su tía, la reconocida periodista y docente María Victoria Correa Ramírez, asesinadas el pasado 28 de marzo en el municipio de Envigado.
La medida fue adoptada luego de que la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA), presentara abundante material probatorio que vincula al adolescente con la planeación del crimen.
El crimen conmocionó a Envigado
El día de los hechos, dos hombres ingresaron a un establecimiento comercial en zona urbana de Envigado y dispararon contra las víctimas, causando la muerte inmediata de María Victoria y María Nohelia, y dejando herida a otra familiar de 73 años de edad.
Las investigaciones del CTI y la Policía Nacional permitieron establecer que el joven habría contratado, por medio de un tercero, a los sicarios que ejecutaron el ataque, motivado por un conflicto relacionado con la herencia de propiedades familiares ubicadas en el sur del Valle de Aburrá.
De acuerdo con el expediente judicial, por la ejecución del crimen se habría acordado un pago superior a 100 millones de pesos, aunque versiones adicionales indican que los sicarios recibieron hasta 30 millones de pesos.
La captura y los hallazgos en la finca
El adolescente fue aprehendido el 22 de octubre en una finca del corregimiento Llano Grande de Rionegro (Antioquia).
Durante el operativo, las autoridades incautaron dos manuscritos con información relevante para el caso y 24 proyectiles de diferentes calibres, elementos que reforzaron la hipótesis sobre su participación como determinador del crimen.
En las audiencias el joven no aceptó los cargos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, imputados en su contra.
Sicarios condenados y avance de la investigación
Los tres hombres señalados como autores materiales del ataque —conocidos con los alias de “Cali”, “El Mello” y “Gafas”— ya fueron condenados a 17 años de prisión, tras aceptar su responsabilidad en los hechos.
Con la aprehensión del menor, la Fiscalía cierra un ciclo del proceso judicial que busca esclarecer completamente el caso y determinar si existieron más personas implicadas en la planeación o financiación del crimen.
