La Fiscalía judicializó a funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría Municipal de Fundación, Magdalena, señalados de integrar una presunta red dedicada a tramitar fraudulentamente documentos de identidad colombianos para ciudadanos venezolanos y dominicanos que buscaban llegar a México, Estados Unidos, y países de Europa.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Dirección Especializada contra la Corrupción, los implicados habrían aprovechado sus cargos y acceso a los sistemas oficiales para gestionar de manera irregular registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía con información falsa.

Entre los judicializados se encuentran la funcionaria de la Registraduría, Milena Sanjuanelo Castiblanco; los exservidores Karen Liliana Mariño Rodríguez y Aníbal José Rojano Arévalo; así como el guarda de seguridad Luis Alberto Cantillo Vizcaíno.

Según el ente acusador, estas personas estarían involucradas en al menos 20 eventos delictivos relacionados con la expedición irregular de documentos a ciudadanos extranjeros, quienes posteriormente podían transitar libremente por Colombia y obtener pasaportes colombianos para salir del país aparentando ser nacionales.

Las investigaciones establecieron que por cada trámite ilegal la organización presuntamente cobraba entre 1.200 y 1.500 dólares. Para concretar las maniobras, los implicados habrían ingresado información fraudulenta a las plataformas oficiales, autorizado novedades irregulares y utilizado formularios con datos falsos.

La Fiscalía indicó además que algunas de las cartas de respaldo utilizadas en los trámites correspondían incluso a personas fallecidas, situación que permitió consolidar identidades falsas dentro de los sistemas de registro civil del país.

De acuerdo con las autoridades, los documentos expedidos ilegalmente facilitaban que los migrantes pudieran movilizarse hacia destinos internacionales como Estados Unidos, México y varios países europeos utilizando identidades colombianas aparentemente legítimas.

La captura de los funcionarios y exfuncionarios fue realizada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos en Colombia (HSI), el Ejército Nacional y Migración Colombia, en diligencias adelantadas en Santa Marta y Fundación, Magdalena.

Durante las audiencias preliminares, un fiscal les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes agravado. Sin embargo, los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

Por decisión de un juez de control de garantías, Milena Sanjuanelo Castiblanco y Aníbal José Rojano Arévalo deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia, mientras avanza el proceso judicial. Los demás implicados continuarán vinculados a la investigación.

El caso ha generado preocupación por las posibles vulneraciones a la seguridad migratoria y documental del país, así como por la utilización irregular de plataformas oficiales para facilitar redes de tráfico de migrantes.