Con una votación de 116 votos a favor y ninguno en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate la reforma a la Ley 30, una iniciativa que busca corregir el histórico déficit de financiación de la educación superior pública en Colombia y avanzar hacia un modelo más equitativo y sostenible.
El proyecto, de origen gubernamental, modificó los artículos 86 y 87 de la Ley 30 y garantiza mayores recursos para las Instituciones de Educación Superior (IES).
Para el ministro de Educación, Daniel Rojas, se trata de “un avance histórico para la educación superior pública”, fruto de años de movilización estudiantil y de la presión social por un sistema justo y actualizado.
“Este logro es resultado de la exigencia colectiva por un modelo con recursos suficientes. Agradecemos al Congreso por respaldar una reforma que responde a una deuda histórica con las universidades públicas”, expresó el ministro, quien además anunció que el Gobierno ya está listo para radicar ante el Legislativo la Reforma Integral de la Ley 30, como segundo paso para consolidar la educación como un derecho y no como un negocio.
Cambios en la financiación
Uno de los puntos centrales de la reforma es el cambio en el mecanismo de financiación de las universidades públicas. A partir de ahora, los recursos ya no se ajustarán con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino en el Índice de Costos de la Educación Superior, que refleja de manera más precisa la variación real de los gastos de las instituciones.
Además, se establece que los aportes adicionales de la Nación no podrán ser inferiores al 70% del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), superando ampliamente el 30% que se aplicaba antes de la reforma.
Reacciones políticas y sociales
Desde distintos sectores del Congreso, la aprobación fue celebrada como un paso decisivo. Congresistas de bancadas de gobierno y de oposición coincidieron en que la reforma corrige un rezago estructural que venía afectando la calidad, cobertura y estabilidad financiera de las universidades públicas.
Por su parte, líderes estudiantiles y organizaciones sociales calificaron la aprobación como una victoria de la movilización social. Voceros del movimiento estudiantil afirmaron que la reforma “reconoce una lucha que lleva décadas” y manifestaron que seguirán vigilantes para que los recursos se traduzcan en mejores condiciones académicas, bienestar universitario e infraestructura.
A la espera de la sanción presidencial
Con el visto bueno del Congreso, el proyecto pasa ahora a manos del presidente Gustavo Petro para su sanción, un paso que dejaría en firme una de las reformas más significativas en materia de educación superior de los últimos años.
Desde sectores académicos y sociales se espera que esta decisión marque el inicio de una nueva etapa para la universidad pública en Colombia, con mayor financiación, equidad y garantías para estudiantes, docentes y comunidades educativas.
