La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra una mujer señalada de mantener a más de 300 perros en condiciones precarias de cuidado, alimentación y salud en un supuesto hogar de protección canina ubicado entre las veredas Vático y Eseas, en el municipio de Carmen de Carupa.
La procesada fue identificada como María Constanza García Aguirre, propietaria del albergue, quien fue imputada por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) por el delito de maltrato animal. Sin embargo, la acusada no aceptó los cargos.
Según la investigación, el lugar recibía donaciones y aportes destinados a la manutención de perros rescatados de situaciones de abandono o riesgo en las calles. No obstante, las autoridades establecieron que el predio se habría convertido en un espacio de hacinamiento donde los animales permanecían encerrados y expuestos a condiciones que comprometían gravemente su bienestar.
Desnutridos, enfermos y con poca agua
Durante varias diligencias realizadas en coordinación con la Policía Nacional de Colombia y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC), se verificó que en el inmueble llegaron a permanecer más de 300 perros.
Las inspecciones permitieron evidenciar que muchos de los animales no contaban con acceso suficiente a alimento y agua, además de vivir en un entorno sin la infraestructura ni los recursos necesarios para garantizar condiciones adecuadas de protección.
Uno de los hallazgos más relevantes se registró durante una visita realizada el 12 de agosto de 2022, cuando las autoridades encontraron varios caninos con cuadros de desnutrición, enfermedades, lesiones y otras afectaciones físicas derivadas de las condiciones en las que permanecían.
De acuerdo con la Fiscalía, la situación observada generó un deterioro significativo en la salud e integridad de los animales, lo que motivó el avance del proceso penal.
Presunto maltrato animal
Las evidencias recopiladas por los investigadores indican que los perros habrían permanecido en condiciones incompatibles con los estándares mínimos de bienestar animal establecidos por la legislación colombiana.
Por estos hechos, la Fiscalía avanzó en la judicialización de María Constanza García Aguirre, quien deberá responder ante la justicia por las presuntas conductas de maltrato animal que se le atribuyen. El proceso continuará en las próximas etapas judiciales, donde se determinará su eventual responsabilidad en los hechos investigados.
