El Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación del proceso de diálogo entre el Gobierno nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) presentó su primer informe bimestral, en el que se evidencian avances parciales en los compromisos establecidos.
Este mecanismo, integrado por el Gobierno, el grupo armado y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), destacó progresos en la fase de alistamiento institucional, enfocada en fortalecer la presencia del Estado en los territorios y preparar acciones en municipios priorizados.
Las zonas piloto del proceso incluyen Acandí, Unguía, Riosucio y Nuevo Belén de Bajirá, en el Chocó, así como Mutatá, en Antioquia, donde ya fueron instalados Grupos de Trabajo Municipales con participación de delegados de ambas partes.
Entre los avances más relevantes se encuentran la puesta en marcha del Mecanismo Tripartito, la definición de su marco operativo y la creación de herramientas para el seguimiento de casos.
En materia de protección de menores, el informe indica que, según el EGC, no se identificó presencia de niñas, niños o adolescentes en sus filas tras un censo interno. A su vez, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) continúa fortaleciendo su oferta institucional en las zonas priorizadas.
Sustitución de cultivos y retos
El documento también resalta avances en programas piloto de sustitución de cultivos ilícitos, especialmente en Nuevo Belén de Bajirá, aunque advierte sobre desafíos como la necesidad de mayor confianza comunitaria, garantías de seguridad y mejor articulación institucional.
En temas de justicia y convivencia, se plantea fortalecer el acceso a servicios mediante las Casas de Justicia, así como promover la apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Respecto a la acción contra minas antipersonal, no se reportaron incidentes atribuibles al EGC durante el periodo analizado, cumpliéndose el compromiso de no interferencia.
Asimismo, la Fiscalía General de la Nación designó un fiscal especializado para investigar posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
El informe concluye señalando retos clave para la siguiente fase, como ampliar la participación de la sociedad civil, consolidar la presencia estatal en los territorios y fortalecer la coordinación entre los niveles nacional, departamental y municipal.
Este proceso cuenta con el respaldo internacional de países como España, Noruega, Qatar y Suiza, además del acompañamiento de organizaciones religiosas.
