Con el propósito de entregar al Estado herramientas legales eficaces para enfrentar el conflicto armado y avanzar hacia la anhelada Paz Total, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca regular los procesos de desmovilización, diálogo y sometimiento de actores armados ilegales, sin perder de vista el respeto a los derechos de las víctimas.

La iniciativa, que cuenta con el aval del Consejo Superior de Política Criminal, fue presentada como una hoja de ruta jurídica que permitirá fortalecer la seguridad ciudadana, garantizar una mínima justicia para todos y asegurar penas proporcionales y efectivas para quienes se acojan a los procesos de paz o sometimiento.

“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia», afirmó el ministro Montealegre durante el acto de radicación.

Justicia para la paz, no impunidad

El articulado busca integrar normas claras, humanitarias y efectivas para facilitar la transición de grupos armados hacia la vida civil, dentro de un marco de verdad, reparación y garantías de no repetición.

Entre los puntos clave del proyecto se destaca que no todos los grupos serán tratados de la misma manera. A organizaciones insurgentes como el ELN o las disidencias de las antiguas FARC se les reconocerá un carácter político que permita abrir procesos de negociación en el marco de una paz negociada. Por su parte, estructuras del crimen organizado como el Clan del Golfo deberán acogerse a procesos de sometimiento a la justicia, con beneficios condicionados a su colaboración, entrega de armas y contribución efectiva al desmantelamiento de sus redes.

Asimismo, los beneficios jurídicos estarán sujetos a compromisos verificables, tales como dejar de atacar a la población civil, contar la verdad sobre sus crímenes, reparar a las víctimas y comprometerse genuinamente con su reintegración a la sociedad.

Hacia una legislación más coherente

El proyecto también pretende solucionar uno de los problemas más graves del sistema judicial colombiano: la dispersión normativa. Actualmente, existen múltiples leyes que abordan de forma fragmentada la desmovilización, el sometimiento y la negociación, lo que ha generado dificultades para jueces, fiscales y autoridades encargadas de aplicar la ley.

La propuesta busca unificar criterios y evitar confusiones, dotando al aparato judicial de una legislación coherente, clara y eficaz que permita actuar con mayor contundencia frente a las organizaciones armadas ilegales.

“Colombia debe tener la seguridad de que aquí no se está construyendo una alambrada de impunidad; siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad», subrayó el ministro Montealegre.

Compromiso con la verdad y las víctimas

El respeto por los derechos de las víctimas está en el centro de este nuevo enfoque legal. La ley exige a los actores armados que se acojan al proceso la reparación integral a las víctimas, el compromiso con la verdad y la garantía de no repetición, como condiciones imprescindibles para acceder a cualquier beneficio.

Esta iniciativa se enmarca en el esfuerzo del Gobierno Nacional por consolidar la Paz Total, una estrategia que combina mecanismos de diálogo, sometimiento y fortalecimiento institucional para cerrar los ciclos de violencia que han azotado al país por décadas.

La Chiva de Urabá seguirá de cerca el avance de este proyecto en el Congreso, clave para el futuro de la paz, la justicia y la seguridad de todos los colombianos.