El Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó precisiones sobre el alcance de la Emergencia Económica y Social declarada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, según el Gobierno para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y proteger la estabilidad fiscal del país.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, explicó que los decretos reglamentarios que desarrollarán la emergencia serán expedidos en los próximos días y aclaró que, aunque el año 2025 “ha sido positivo en materia económica”, la medida busca asegurar la financiación del Estado y la atención de obligaciones urgentes.
Desfinanciación del Presupuesto 2026
En los considerandos del decreto se advierte una desfinanciación del Presupuesto General de la Nación para 2026, el cual quedó aforado en $546,9 billones, con ingresos corrientes por $501 billones, ingresos de establecimientos públicos por $29,6 billones y $16,3 billones que se esperaban de la Ley de Financiamiento, la cual fue archivada por el Congreso.
Aclaraciones sobre medidas tributarias
El ministro Ávila Plazas desmintió versiones sobre la creación de un nuevo gravamen al movimiento financiero y fue enfático en señalar que no se implementará el 5×1.000. “Ese tema no ha sido considerado por el Gobierno”, aseguró.
Asimismo, indicó que las medidas tributarias no aplicarán de manera general, sino que estarán dirigidas a sectores económicos con mayor capacidad contributiva. Entre los ajustes anunciados se encuentra el incremento del impuesto al patrimonio, con la siguiente escala:
1 % para patrimonios entre $3.600 millones y $6.000 millones.
2 % para patrimonios entre $6.000 millones y $12.000 millones.
3 % para patrimonios entre $12.000 millones y $100.000 millones.
5 % para patrimonios superiores a $100.000 millones.
Al sector financiero, le establecerá una sobretasa adicional de 10 puntos sobre los 5 puntos que ya rigen, lo que llevaría el impuesto de renta a un 15 %, con el cual el Gobierno espera recaudar cerca de $3,5 billones.
Gastos adicionales contemplados en la emergencia
El decreto también reconoce una serie de gastos no financiados que requieren atención inmediata, entre ellos: $1 billón para reforzar la Unidad Nacional de Protección (UNP) y fortalecer las capacidades tecnológicas de la Fuerza Pública frente a acciones de grupos armados ilegales.
$2,7 billones, estimados por el Ministerio de Defensa, para infraestructura y tecnología de la Fuerza Pública. $3,3 billones para equiparar los planes de beneficios de los regímenes subsidiado y contributivo de salud, por orden de la Corte Constitucional.
$0,5 billones para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, destinados a atender la ola invernal y los daños ocasionados por el terremoto en Paratebueno, Cundinamarca.
$9,9 billones para el cumplimiento de sentencias judiciales relacionadas con víctimas del conflicto armado, desastres naturales, salud y protección de minorías étnicas. $1,5 billones para créditos judiciales reconocidos en la vigencia 2026. $5,1 billones pendientes por pago de subsidios en 2025: $4,18 billones para energía y $935 mil millones para gas. $1,6 billones en indemnizaciones a familias víctimas de desplazamiento forzado.
Finalmente, el Ministro señaló que, la declaratoria de emergencia busca conjurar la crisis y las medidas estarán orientadas principalmente a impuestos directos e indirectos para personas naturales y jurídicas con mayor poder económico, así como a tributos destinados a corregir externalidades negativas en materia ambiental y de salud pública.
