El incremento de un 23 % del salario mínimo, desató una fuerte controversia política y económica en el país. Figuras representativas de sectores de la oposición —entre ellas los expresidentes Andrés Pastrana e Iván Duque, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y la senadora María Fernanda Cabal— coincidieron en cuestionar la iniciativa, advirtiendo sobre posibles efectos adversos para la economía, el empleo y la estabilidad empresarial.
El expresidente Andrés Pastrana calificó la propuesta como una decisión improvisada, asegurando que un aumento de esa magnitud tendría consecuencias que, en su concepto, terminarían pagando todos los colombianos.
Según Pastrana, medidas de este tipo no pueden evaluarse únicamente desde una óptica política o electoral, sino que deben considerar su impacto real en la inflación, el costo de vida y la sostenibilidad fiscal. A su juicio, los efectos negativos se sentirían tanto en el corto como en el mediano plazo.
En la misma línea, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro, al afirmar que el Gobierno no estaría gobernando en función de los trabajadores, sino de la permanencia en el poder.
Para Gutiérrez, las decisiones del Ejecutivo responderían a un proyecto político que pone en riesgo la estabilidad económica del país. Incluso, comparó la situación actual con la vivida en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, señalando similitudes en la forma de ejercer el poder y advirtiendo que Colombia aún estaría a tiempo de reaccionar.
Por su parte, el expresidente Iván Duque Márquez se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde calificó el aumento como un acto de irresponsabilidad.
Duque advirtió que decretar un incremento salarial elevado en un contexto de crecimiento económico limitado podría traducirse en pérdida de empleos formales, quiebra de empresas y presiones inflacionarias.
Además, comparó la medida con políticas aplicadas en otros países de la región, señalando que este tipo de decisiones, aunque se presenten como progresistas, terminan afectando la inversión y fortaleciendo la informalidad laboral.
La senadora María Fernanda Cabal también se sumó a las críticas, al considerar que el aumento del salario mínimo tiene un carácter populista y no ataca los problemas estructurales del empleo en Colombia.
Según la congresista, un incremento del 23 % afectaría especialmente a las pequeñas y medianas empresas, elevaría los costos laborales y pondría en riesgo la generación de empleo formal.
Cabal advirtió que esta política podría acelerar la informalidad y debilitar el tejido empresarial, con efectos negativos a mediano y largo plazo, resumidos —según sus palabras— en un escenario de “pan para hoy, hambre para mañana”.
El debate deja en evidencia la profunda polarización que rodea las decisiones económicas del actual Gobierno.
