Bogotá, 1 de julio de 2025 — El Gobierno Nacional generó fuertes reacciones tras ordenar la suspensión de la extradición a Estados Unidos de Willington Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo”, cabecilla del frente 33 de las disidencias de las FARC, inmerso en el proceso de Paz Total que lidera el presidente Gustavo Petro.

 Razones y criterios de la medida

El pasado 26 de junio se emitió la Resolución 186 de 2025 por el Ministerio de Justicia, que frena la extradición bajo el argumento de que el líder disidente sigue en calidad de negociador en la mesa de diálogo. Según el documento, mientras Henao Gutiérrez realice aportaciones verificables y resultados concretos a favor del proceso de paz, su entrega a autoridades estadounidenses quedará en pausa. En caso de que dichas contribuciones cesen, se reactivará inmediatamente la extradición

Este argumento fue refrendado públicamente por Petro, quien subrayó que “la ley me permite detener extradiciones si hay un avanzado proceso de paz, y avanzado proceso consiste en remover las causas de la violencia: la economía ilícita”

Contexto y antecedentes

La Corte Suprema había dado luz verde el 28 de mayo para extraditar al cabecilla, requerido en Florida por delitos de narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.  Sin embargo, la decisión fue revertida por el Ejecutivo, quien consideró que su extradición “podría afectar el desarrollo de los procesos que se han venido desarrollando con el frente 33”

El caso había generado revuelo en febrero, luego de que Henao Gutiérrez permaneciera 55 días alojado en un apartamento en Chapinero, bajo custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en lugar de un centro carcelario:

Implicaciones políticas y diplomáticas

La decisión se enmarca dentro de la estrategia de Paz Total, que incluye negociar con estructuras disidentes como el Frente 33 y el grupo “Comuneros del Sur”. Esta misma lógica fue aplicada al comandante del ELN, Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”.