Cuatro integrantes de la Policía Nacional fueron asegurados por su presunta participación en actos de tortura contra un privado de la libertad en el departamento de Antioquia.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos involucran al intendente Rodolfo Herrera Hernández, los subintendentes Yonerse Alejandro Álvarez Marín y Sor Ángela Sánchez Duque, así como a la patrullera María Gabriela Yáñez Rodríguez.
Las investigaciones indican que el 9 de julio de 2025 la víctima fue sacada mediante engaños de la estación de Policía de San Vicente Ferrer y trasladada a una zona rural de La Ceja, donde habría sido sometida a amenazas y actos de tortura para obligarla a revelar la ubicación de una supuesta caleta con armas y dinero.
Según el material probatorio, los uniformados habrían intimidado al detenido mostrándole herramientas como una pala y una pica, amenazándolo con ser sepultado si no entregaba la información.
El hombre logró escapar y llegó hasta una finca en La Unión, donde recibió ayuda y posteriormente fue puesto en contacto con unidades de la Dijin de la Policía Nacional.
Dos días después, el intendente Herrera Hernández reportó que el detenido se había fugado durante un traslado médico, versión que ahora es cuestionada por las autoridades judiciales.
Un fiscal especializado imputó a los cuatro policías el delito de tortura, y adicionalmente al intendente Herrera Hernández el de falsedad ideológica en documento público.
Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que fue apelada por la defensa ante segunda instancia.
