Por orden de una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con funciones de control de garantías, los exministros Ricardo Bonilla González (Hacienda y Crédito Público) y Luis Fernando Velasco (Interior) fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, en el marco de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la asignación de contratos estatales.
De acuerdo con el ente acusador, los exfuncionarios estarían involucrados en un esquema de redireccionamiento de contratos en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el objetivo de beneficiar a determinados senadores y representantes a la Cámara, a cambio de su respaldo a proyectos y reformas del Gobierno nacional que tramitaban en el Congreso.
Presuntas actuaciones irregulares
Según la Fiscalía, Bonilla y Velasco habrían convocado y asistido a reuniones, impartido instrucciones y realizado seguimiento a proyectos de inversión para que estos fueran asignados de manera direccionada a congresistas específicos, garantizando así votos favorables en el Legislativo.
El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia identificó tres momentos en los que se habrían configurado las conductas investigadas: Primer periodo (junio – septiembre de 2023):
Los exministros habrían intervenido indebidamente en 79 contratos (74 en Invías y 5 en la UNGRD), por un valor aproximado de 612.237 millones de pesos. De estos, siete contratos se concretaron y, según la Fiscalía, fueron orientados conforme a los intereses del presunto entramado.
Segundo periodo (septiembre – diciembre de 2023):
Se habrían presentado gestiones irregulares en tres contratos de la UNGRD destinados a la atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado, en el municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar), por un valor de 86.619 millones de pesos.
Aunque esos contratos no alcanzaron a ser direccionados, la Fiscalía señaló que los congresistas a beneficiar habrían deliberado y aprobado 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.
Tercer periodo (noviembre de 2023 – marzo de 2024):
Bonilla y Velasco presuntamente mediaron de manera ilegal para que un contrato de la UNGRD, por 35.000 millones de pesos, que se ejecutaría en Sahagún (Córdoba), fuera entregado a personas cercanas a un congresista de la Comisión Primera del Senado. Este contrato tampoco se materializó.
Delitos imputados
Por esos hechos, la Fiscalía imputó a los exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Durante la diligencia judicial, ninguno de los cargos fue aceptado por los procesados.
No obstante, tras evaluar los argumentos y los elementos materiales probatorios presentados por el ente acusador, la magistrada consideró que existían méritos suficientes para imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial.
Continúa la investigación
La Fiscalía indicó que la investigación continúa y que se siguen recopilando pruebas para establecer la posible responsabilidad de otros funcionarios o particulares que habrían participado en ese presunto entramado de corrupción.
