La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al dragoneante grado 11 Jhon Alexis Padilla Rodríguez, adscrito a la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, por realizar actos de acoso sexual contra un funcionario bajo su mando.
De acuerdo con el Ministerio Público, quedó demostrado que Padilla Rodríguez abusó de su posición jerárquica para vulnerar la dignidad, integridad y derechos sexuales de un auxiliar bachiller del cuerpo de custodia, conducta que constituye una grave violación de los deberes y principios que rigen el servicio penitenciario.
En un fallo de primera instancia, la Procuraduría calificó la conducta como gravísima, cometida a título de dolo, al establecer que el disciplinado utilizó de manera deliberada su cargo para afectar a su subalterno.
El ente de control reiteró que con estas decisiones busca garantizar la protección de los derechos fundamentales de los servidores públicos y salvaguardar los principios que deben orientar la función pública en el sistema penitenciario.
Contra la decisión procede recurso de apelación, conforme a lo establecido en la ley disciplinaria.
otros casos similares en el sistema penitenciario
Este caso no es aislado. En los últimos meses, la Procuraduría y medios de comunicación han reportado múltiples denuncias por presuntos abusos sexuales y acoso dentro del INPEC — la institución estatal encargada de las cárceles en Colombia — que involucran tanto a guardias como a dragoneantes:
En 2025 la Procuraduría abrió indagación contra funcionarios del INPEC señalados de haber abusado sexualmente de dos reclusas en la cárcel El Pedregal, en Medellín. Una de las víctimas afirmó haber quedado embarazada, la prueba de ADN comprobó que uno de los guardianes era el padre del bebé.
Según las denuncias, en uno de esos casos habrían suministrado sustancias abortivas a una de las internas sin su consentimiento.
También se han reportado denuncias de acoso sexual por parte de oficiales del INPEC hacia auxiliares del cuerpo de custodia. Por ejemplo, en 2023 un grupo de auxiliares en Antioquia denunció a un teniente por “invitaciones privadas”, tocamientos no consentidos y conductas de hostigamiento.
Estas denuncias recurrentes ponen en evidencia —según organizaciones de derechos humanos y el propio ente de control— fallas estructurales en los mecanismos de vigilancia y control internos, así como la grave vulnerabilidad de personas bajo custodia estatal.
