El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero Calle denunció que el abogado Abelardo de la Espriella estaría detrás de una presunta estrategia dentro de la Registraduría Nacional del Estado Civil para retrasar la inscripción de su movimiento político por firmas denominado “Reset Total Contra el Narcos y los Corruptos”.

De acuerdo con Quintero, el proceso de validación y trámite de los documentos ante la entidad electoral ha sufrido demoras injustificadas, lo que afectaría el cronograma de recolección de firmas exigido por la ley para los movimientos significativos de ciudadanos.

“Un candidato a la Presidencia no se puede inscribir porque el Registrador y su delegado dijeron que no estaban. Pareciera una estrategia para dilatar el proceso”, manifestó Quintero durante una declaración pública, en la que pidió transparencia y garantías para todos los aspirantes presidenciales.

Contexto del caso

El movimiento “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos” busca obtener el respaldo ciudadano para participar en las elecciones presidenciales de 2026 mediante la recolección de firmas en todo el país. Sin embargo, según el exmandatario, las supuestas trabas administrativas podrían retrasar el inicio de esa etapa clave de su campaña.

La Registraduría Nacional remitió recientemente la solicitud de inscripción de este grupo significativo de ciudadanos al Consejo Nacional Electoral (CNE), argumentando la necesidad de revisar la viabilidad jurídica del trámite. Analistas han señalado que el hecho de que Quintero haya participado en la consulta interna del Pacto Histórico podría generar dudas legales sobre su postulación mediante firmas.

Hasta el momento, ni la Registraduría ni el abogado Abelardo de la Espriella han emitido pronunciamiento oficial frente a las acusaciones.

Reacciones y alcance político

El exalcalde de Medellín ha insistido en que enfrenta un intento de bloqueo político y ha anunciado que acudirá a mecanismos legales, como acciones de tutela, para garantizar su derecho a participar en igualdad de condiciones.

El tema ha generado debate nacional sobre la imparcialidad de la Registraduría y las posibles interferencias políticas en los procesos de inscripción de candidaturas de cara a las elecciones presidenciales.