La Fiscalía reveló nuevos detalles sobre una presunta red delictiva que habría obtenido millonarios recursos mediante el cobro irregular de servicios de reciclaje en los municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso, en el departamento de Boyacá.
De acuerdo con la Fiscalía, los presuntos responsables habrían reportado información falsa sobre actividades de aprovechamiento de residuos sólidos, logrando recibir más de 6.800 millones de pesos en pagos relacionados con la remuneración tarifaria destinada a labores de reciclaje.
Las autoridades identificaron como presuntos articuladores principales a Laura Maritza Castro Alezones y Ronald Yosefer Pulido Forero, representantes legales de dos empresas recolectoras de residuos, además de Ingrid Yineth Amaro Guavare. Según el ente acusador, estas personas habrían coordinado el envío de datos falsos ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para acreditar supuestas actividades de recolección, transporte y clasificación de residuos que, en realidad, no se realizaban en las condiciones reportadas.
La Fiscalía señaló que las empresas involucradas no contaban con la infraestructura necesaria para desarrollar las labores informadas, pues presuntamente carecían de bodegas operativas, personal suficiente y capacidad logística para manejar las toneladas de material reciclable que aparecían registradas en los reportes oficiales.
En la documentación presentada habrían utilizado nombres de recicladores y habitantes de calle para justificar facturas relacionadas con toneladas inexistentes de material aprovechable. Esa información fue cargada al Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos, permitiendo el reconocimiento económico por actividades que, según las autoridades, nunca fueron ejecutadas.
El ente investigador indicó además que parte de los recursos obtenidos presuntamente fueron destinados a la adquisición de vehículos de alta gama, inmuebles y otros bienes. Asimismo, durante el proceso judicial quedaron al descubierto posibles maniobras para ocultar las irregularidades, entre ellas alteraciones documentales, ajustes ante la DIAN y modificaciones de información para intentar evadir controles y obstaculizar la acción de las autoridades.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a los tres investigados los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito y alteración de elemento material probatorio, de acuerdo con el posible grado de participación de cada uno dentro de la estructura señalada.
El proceso judicial continúa mientras avanzan las verificaciones financieras, patrimoniales y documentales relacionadas con el caso, considerado uno de los mayores fraudes detectados recientemente en el sistema de aprovechamiento y reciclaje del país.
