El Gobierno Nacional suspendió temporalmente las órdenes de captura, incluidas solicitudes de extradición, contra 29 integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), como parte de las medidas adoptadas dentro de los acercamientos de paz adelantados con esa estructura armada organizada.
La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 120 del 29 de abril de 2026, expedida por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, y tiene como objetivo facilitar el traslado de los integrantes del grupo a las Zonas de Ubicación Temporal previstas para el próximo 25 de junio.
De acuerdo con el documento oficial, la suspensión de las órdenes judiciales tendrá carácter temporal y condicionado exclusivamente al cumplimiento de actividades relacionadas con el proceso de paz y el ingreso progresivo a las zonas definidas por el Gobierno Nacional.
Dentro del listado aparecen nombres como José Francisco Peña Santana, Luis Enrique Martínez Cogollo, Carlos Andrés Méndez Paternidad, Elkin Casarrubia Posada, Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, Jesús Betancur y Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, este último señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas del EGC.
La medida también contempla la suspensión de solicitudes de extradición que pesaban sobre algunos de los integrantes incluidos en la resolución, mientras se desarrollan los compromisos establecidos dentro de la fase actual de conversaciones.
El Gobierno Nacional ha señalado que las Zonas de Ubicación Temporal hacen parte de un mecanismo orientado a facilitar la concentración, verificación y seguimiento de integrantes de estructuras armadas dentro de los procesos de diálogo y sometimiento.
La decisión ha generado distintas reacciones en sectores políticos y sociales del país, debido al impacto que tendría dentro del proceso de paz urbana y rural impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, así como por la inclusión de personas señaladas de ocupar posiciones de mando dentro de la organización armada.
El EGC, también conocido por las autoridades como Clan del Golfo, mantiene presencia en varias regiones del país, especialmente en zonas del Caribe, Urabá, Chocó y parte del noroccidente colombiano, donde históricamente ha sido señalado de actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión y control territorial.
Por ahora, las autoridades mantienen seguimiento a las condiciones establecidas en la resolución y al desarrollo de las fases previstas para el traslado hacia las zonas temporales definidas dentro del proceso.
