Ocho cuerpos fueron hallados en una fosa común en Calamar. La Iglesia exige garantías al Estado y cese de violencia a actores armados.

Una nueva tragedia enluta a las comunidades religiosas del país. Ocho líderes sociales y religiosos que habían sido reportados como desaparecidos desde abril fueron hallados sin vida en una fosa común ubicada en zona rural de Calamar, Guaviare. El hecho ha generado una fuerte condena por parte de la Iglesia Católica, que calificó el crimen como una “atrocidad que ofende a Dios y a la humanidad”.

En un comunicado oficial, la Delegación para las Relaciones Iglesia-Estado y la Diócesis de San José del Guaviare alzaron la voz ante lo que consideran un atentado no solo contra la vida, sino contra el ejercicio de la fe y el liderazgo espiritual en zonas históricamente golpeadas por la violencia.

“Un acto infame que clama al cielo”, señalaron los representantes eclesiásticos, quienes instaron al cese inmediato de las acciones violentas por parte de los actores armados ilegales y reclamaron garantías reales del Estado para proteger la vida, la fe y el trabajo comunitario.

Disidencias estarían detrás del crimen

Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía General de la Nación, los líderes fueron citados por integrantes del frente ‘Armando Ríos’ de las disidencias de las Farc, quienes los señalaban de estar promoviendo la creación de una célula del ELN en la región. De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron interrogadas y luego obligadas a cavar su propia tumba, antes de ser asesinadas.

El hecho ha provocado consternación nacional y ha reabierto el debate sobre la falta de presencia efectiva del Estado en regiones donde persisten estructuras armadas ilegales.

Comunidades cristianas en oración y clamor de justicia

Mientras se realiza la identificación plena de los cuerpos, comunidades cristianas —tanto católicas como evangélicas— han iniciado jornadas de oración, velatones y actos simbólicos en distintas zonas del país, elevando un clamor por justicia y por la paz.

Desde el sur del país, la Iglesia hizo un llamado a todos los sectores sociales y políticos a defender la vida y el derecho a creer y liderar en paz.

“No se puede permitir que el ejercicio de la fe se convierta en una sentencia de muerte”, concluye el comunicado.