La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos a Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, señaladas de participar en procedimientos estéticos invasivos en quirófanos improvisados dentro de viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera de Medellín, sin condiciones mínimas de higiene y salubridad.
En audiencia de adición de imputación, las procesadas aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Seccional Medellín, entre abril de 2023 y mayo de 2024, las hoy procesadas y otras personas habrían realizado numerosos procedimientos a mujeres contactadas principalmente por redes sociales, para someterse a una intervención denominada “lipólisis láser con transferencia glútea”.
Las investigadas, al parecer, participaron directamente en labores como administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos.
El material probatorio indica que, cuando las víctimas acudían a los lugares para reportar complicaciones, los responsables trasladaban la operación a otros barrios para evadir controles.
La Fiscalía estableció que al menos 55 personas serían víctimas de estos procedimientos ilegales. Más de 40 mujeres sufrieron lesiones como deformidades, limitaciones funcionales, dolores crónicos y otras complicaciones físicas de consideración.
Las tres mujeres permanecen privadas de la libertad en centro carcelario desde octubre de 2025. Por estos hechos, también fueron judicializadas Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, señaladas como articuladoras de la actividad delincuencial.
Este caso se suma a otros episodios recientes que han encendido las alertas de las autoridades sanitarias y judiciales en el país.
En Medellín y el área metropolitana se han conocido denuncias por biopolímeros aplicados en viviendas, consultorios clandestinos y spas sin habilitación, con víctimas que han terminado en cuidados intensivos.
En los últimos meses, la Secretaría de Salud ha clausurado establecimientos ilegales tras reportes de infecciones graves, necrosis y fallas orgánicas.
Incluso, en años recientes se han registrado muertes asociadas a procedimientos estéticos practicados por personal no autorizado en diferentes regiones de Colombia, como Cali, Bogotá y el Valle de Aburrá, donde mujeres fallecieron tras inyecciones de sustancias modelantes o cirugías realizadas fuera de centros médicos habilitados.
Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para verificar que cualquier procedimiento estético sea realizado por profesionales certificados y en clínicas debidamente autorizadas, pues estas prácticas ilegales no solo constituyen delito, sino que ponen en grave riesgo la vida de quienes buscan mejorar su apariencia física.
