Este 12 de agosto de 2026 se cumplen 31 años de la masacre de El Aracatazo, uno de los hechos de violencia que dejó una profunda huella en la historia reciente de Chigorodó y del Urabá antioqueño.
La noche del 12 de agosto de 1995, alrededor de las 9:30 de la noche, un grupo de hombres armados irrumpió en el establecimiento conocido como El Aracatazo, ubicado en el barrio El Bosque, donde varias personas se encontraban departiendo durante una fiesta popular. De acuerdo con los registros judiciales, los hombres ordenaron apagar la música, obligaron a las personas a tenderse en el piso y comenzaron a interrogarlas sobre supuestas armas que estarían ocultas en el sector.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, cerca de 15 integrantes del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) participaron en el ataque. Los hombres señalaron a las personas presentes como supuestos colaboradores de la guerrilla y dispararon contra ellas. El saldo establecido por esta fuente es de 18 personas asesinadas y dos heridas.
Las víctimas eran, en su mayoría, trabajadores de las fincas bananeras. Algunas tenían vínculos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro, y otras con el Partido Comunista Colombiano. El hecho ocurrió en un momento particularmente crítico del conflicto armado en Urabá, marcado por la confrontación entre diferentes grupos armados y por una fuerte persecución contra sectores sindicales, políticos y comunidades señaladas de tener vínculos con la insurgencia.
¿Cómo ocurrió la masacre?
Los expedientes de Justicia y Paz establecen que los hombres llegaron al establecimiento y sometieron a quienes se encontraban allí. El relato judicial señala que los atacantes exigían información sobre unas supuestas armas y calificaban de guerrilleros a los presentes. Al no obtener las respuestas que buscaban, procedieron a disparar.
Registros periodísticos de la época también documentaron que algunas personas fueron asesinadas dentro del establecimiento y otras en sus alrededores cuando intentaban escapar. Las primeras informaciones publicadas en agosto de 1995 registraron además un ambiente de miedo y abandono en las viviendas cercanas al lugar de los hechos.
¿Quiénes fueron las víctimas?
Entre los nombres registrados en diferentes investigaciones y bases de memoria histórica aparecen:
Héctor Tascón Duque, Luis Alberto Guisao Rivas, Antonio Moreno, Julio Alfonso Ríos, Willington de Jesús Tascón, Misleida Pérez, Jorge González, Julio Oviedo, Libia Úsuga Barrientos, Luis Aurelio Sánchez, Manuel Ballesta, Francisco Panesso, Rodolfo Ramos, Pedro Úsuga, Leonardo Minota Mosquera, Jorge Luis Julio Cárdenas, Mérida Jiménez y Jorge Iván Zúñiga.
Los registros históricos presentan algunas diferencias en la identificación y el número total de víctimas. Por ejemplo, documentos de la Unidad para las Víctimas y actos de memoria realizados en Chigorodó han utilizado en determinados momentos la cifra de 19 víctimas, mientras que los expedientes judiciales y el Centro Nacional de Memoria Histórica consultados para esta publicación establecen 18 homicidios.
Una masacre en medio de una ola de violencia en Urabá
El Aracatazo no fue un hecho aislado. La masacre ocurrió durante una fuerte escalada de violencia en el Urabá antioqueño. El Centro Nacional de Memoria Histórica señala que entre agosto y septiembre de 1995 fueron asesinadas más de 60 personas en diferentes hechos violentos, en un contexto de expansión y consolidación del paramilitarismo en la región.
La violencia tuvo consecuencias que fueron más allá de las personas asesinadas. El barrio El Bosque, habitado por familias de trabajadores bananeros, vendedores ambulantes y personas provenientes de otras regiones, sufrió desplazamientos y una ruptura profunda de sus relaciones comunitarias. Documentos de reparación colectiva describen cómo los asesinatos, las amenazas y el desplazamiento afectaron durante años el tejido social de la comunidad.
Las investigaciones y las responsabilidades
Con el paso de los años, diferentes investigaciones judiciales y testimonios de integrantes desmovilizados de estructuras paramilitares permitieron establecer elementos sobre la planeación y ejecución del ataque.
La sentencia de Justicia y Paz contra Hébert Veloza García, alias “HH”, documentó la masacre como un homicidio en persona protegida y estableció que el ataque fue ejecutado por un grupo armado que ingresó al establecimiento y asesinó a las personas que se encontraban allí.
El Centro Nacional de Memoria Histórica señala que testimonios de desmovilizados atribuyeron la orden de la operación a Carlos Castaño y a Hébert Veloza, quien posteriormente reconoció responsabilidad por los hechos. Otros relatos recogidos por la Dirección de Acuerdos de la Verdad señalaron que el grupo ejecutor habría sido enviado desde la finca La 35, en San Pedro de Urabá, utilizada como centro de entrenamiento paramilitar.
En los procesos de Justicia y Paz también quedaron registrados señalamientos sobre la participación o responsabilidad de integrantes de las estructuras paramilitares que operaban en el denominado eje bananero. Una sentencia de 2025 contra integrantes del Bloque Bananero volvió a referenciar El Aracatazo como una de las masacres cometidas durante la incursión de esta estructura en la región.
Los cuestionamientos sobre la actuación estatal
La investigación del caso también llevó a examinar la actuación de agentes estatales antes y durante los hechos. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el Informe No. 10/15, Caso 12.756, Masacre Estadero El Aracatazzo, dentro de un procedimiento de solución amistosa relacionado con la responsabilidad internacional del Estado colombiano y los familiares de las víctimas.
Posteriormente, familiares recibieron un acto de reconocimiento y disculpas públicas por parte del Estado colombiano, como parte de las medidas derivadas del acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana. La Unidad para las Víctimas informó que el acto se realizó en 2016 y que el Estado reconoció que los hechos estuvieron relacionados con la falta de presencia y protección en esas comunidades, situación que permitió la actuación de grupos armados ilegales.
El barrio El Bosque y la reparación colectiva
La comunidad del barrio El Bosque fue reconocida como sujeto de reparación colectiva. Durante los años posteriores se desarrollaron actividades de memoria, dignificación y reconstrucción del tejido social mediante iniciativas como Entrelazando.
En 2016 se instaló una placa conmemorativa con los nombres de las víctimas. En las conmemoraciones posteriores, familiares y habitantes del sector han realizado ceremonias religiosas, actos culturales, siembra de plantas, encendido de velas, entrega de flores y otras actividades para mantener viva la memoria.
En 2019 se realizó el cierre del Plan de Reparación Colectiva del barrio El Bosque, con un acto simbólico en el lugar donde ocurrieron los hechos, incluyendo un minuto de silencio, actividades de memoria y la entrega de una placa al colectivo.
31 años después
Tres décadas después, y ya transcurridos 31 años, El Aracatazo continúa siendo una referencia dolorosa de la violencia que golpeó a Chigorodó y al Urabá durante los años más intensos del conflicto armado.
Para las familias y sobrevivientes, recordar no significa únicamente volver sobre el dolor. También representa reclamar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La memoria de quienes fueron asesinados aquella noche permanece en los nombres de las víctimas, en las familias que sobrevivieron, en el barrio El Bosque y en las generaciones que hoy conocen uno de los episodios que marcó la historia de Chigorodó.
El Aracatazo no es solamente una fecha en la historia de Urabá. Es una memoria que la comunidad ha decidido conservar para que el dolor de las víctimas no sea borrado por el paso del tiempo.
