Foto: Canciller Rosa Yolanda Villavicencio

En medio del debate internacional sobre la ineficacia de la guerra contra las drogas, Colombia busca ir más allá de la represión. La propuesta del Gobierno de Gustavo Petro combina justicia social, reforma agraria, agricultura sostenible y corresponsabilidad global, con el objetivo de transformar los territorios históricamente afectados por los cultivos de coca y la violencia.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que esta política no se limita a reemplazar un cultivo ilícito por uno lícito, sino que plantea una verdadera transición hacia economías legales y sostenibles.

“Se trata de atraer a los campesinos hacia la producción agropecuaria, con proyectos de café, cacao, frutales y sistemas agroforestales que no solo generan ingresos, sino que protegen el ambiente y fortalecen el arraigo territorial”, afirmó.

Carvajalino recalcó que la expansión de la coca se dio en zonas de frontera agrícola y ecosistemas estratégicos como el Catatumbo, el Cauca y Nariño, donde el Estado estuvo ausente por décadas.

“Hoy estamos redistribuyendo tierras y reconociendo a las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas como protagonistas de la economía de la vida”, subrayó.

Por su parte, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio enfatizó que el problema no debe seguir siendo asumido solo por los países productores:

“La coca existe porque hay consumo. Es indispensable una corresponsabilidad internacional. No se trata únicamente de operaciones militares, sino de transformar territorios con justicia social, soberanía alimentaria y paz”.

Villavicencio añadió que, bajo la presidencia pro témpore de la CELAC, Colombia busca consolidar una propuesta común del sur global para llevar un mensaje unificado a los escenarios multilaterales, superando la visión punitiva que —asegura— ha sido ineficaz e injusta.

El campo, clave de la transformación

En regiones como el Catatumbo, el Cauca y Nariño, miles de familias ya participan en proyectos de sustitución voluntaria de cultivos, impulsando cadenas productivas de café, cacao y modelos agroforestales que fortalecen la seguridad alimentaria y ayudan a conservar ecosistemas estratégicos.

Ambas funcionarias coinciden en que esta nueva política debe entenderse como parte de la agenda de paz, justicia social y lucha contra el cambio climático. Para el Gobierno, el fracaso de la guerra contra las drogas abre la oportunidad de construir un modelo alternativo que reduzca la violencia y convierta al campo en el motor de una economía legal y sostenible.