La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó al exsenador Ciro Alejandro Ramírez Cortés a 23 años de prisión tras hallarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, que además le impuso una inhabilidad para ejercer funciones públicas por más de 23 años y una multa superior a los 22.340 millones de pesos.
Detalles del caso
Según la sentencia, quedó demostrado que Ramírez lideró una organización criminal integrada por funcionarios públicos, particulares y contratistas, con el objetivo de direccionar contratos estatales para favorecer intereses políticos y electorales.
El fallo señala que el entramado ilegal se estructuró alrededor del Convenio 670 de 2021 y otros contratos derivados, mediante los cuales se habrían manipulado procesos para beneficiar a determinados contratistas a cambio de apoyos políticos.
“Se trató de direccionar los actos contractuales para obtener beneficios electorales”, indicó la Corte, destacando que los proyectos involucraban obras viales, lo que agrava la conducta por el impacto social de estos recursos.
No obstante, el alto tribunal absolvió al excongresista en algunos cargos específicos relacionados con ciertos contratos e interventorías.
Sin beneficios judiciales
La Corte negó al exsenador la posibilidad de acceder a prisión domiciliaria o a la suspensión condicional de la pena, por lo que deberá cumplir la condena en centro carcelario una vez la sentencia quede en firme.
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25 de marzo de 2026
Contexto político y judicial
El caso de Ramírez se suma a una serie de investigaciones y condenas contra dirigentes políticos en Colombia por corrupción en la contratación pública, especialmente en proyectos de infraestructura. Expertos han advertido que estos esquemas afectan directamente el desarrollo regional, al desviar recursos destinados a mejorar la calidad de vida de las comunidades.
