El Gobierno nacional expidió el Decreto 0287 de marzo de 2026, una norma que establece lineamientos para garantizar la inclusión de personas en situación de discapacidad en el sistema de compras públicas, reforzando el acceso a oportunidades laborales y contractuales en Colombia.
La medida, liderada por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, busca que los procesos de contratación estatal promuevan la participación activa de esta población, tanto como empleados dentro de empresas proveedoras como mediante sus propios emprendimientos.
Cristóbal Padilla, director de la entidad, explicó que el decreto responde al mandato legal de fomentar fuentes de empleo para personas en condición de discapacidad. “Las medidas contenidas en la norma apuntan a cumplir con el deber del Estado de promover su inclusión laboral”, señaló.
Obligaciones para contratistas y entidades
El decreto establece que los proveedores que participen en licitaciones públicas o concursos de méritos deberán vincular personas con discapacidad, de acuerdo con sus capacidades productivas. Además, se incentiva la participación directa de empresas y emprendimientos liderados por esta población.
Asimismo, todas las entidades estatales —sin importar su régimen de contratación—, así como particulares que administren recursos públicos, deberán garantizar condiciones de accesibilidad en bienes, obras y servicios contratados.
Estos criterios deberán quedar definidos en los estudios previos de cada proceso contractual, teniendo en cuenta normas legales, técnicas y reglamentarias aplicables, especialmente aquellas definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
En los casos donde no existan lineamientos específicos, las entidades deberán elaborar fichas técnicas con criterios de accesibilidad ajustados a cada contrato.
Impacto y seguimiento de la medida
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia hay más de 1,3 millones de personas con discapacidad, y cerca de la mitad se encuentra en edad productiva (entre los 15 y 59 años), lo que resalta la importancia de esta política pública.
El decreto fue firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina.
La implementación será monitoreada por Colombia Compra Eficiente, que realizará seguimiento a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). Las entidades deberán reportar los contratos que incluyan esta medida, información que servirá para elaborar un informe anual sobre su impacto y alcance.
