El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar de Jesús Mejía, anunció la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta existencia de una red dedicada al desvío de recursos del sistema de salud en Colombia, que involucraría a 168 personas naturales y jurídicas.
La revelación se produjo durante el Consejo de Ministros televisado realizado este martes, donde el funcionario aseguró que los hallazgos hacen parte de una investigación de inteligencia financiera recopilada en un documento de 130 páginas, en el que se describen posibles conductas relacionadas con delitos como concierto para delinquir, peculado por apropiación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado y falsedad procesal.
Según explicó Mejía, será la primera vez que la UIAF presente directamente una denuncia penal de esta magnitud ante la Fiscalía. De acuerdo con el funcionario, la presunta estructura habría sido utilizada para desviar recursos públicos destinados a la atención en salud de millones de colombianos.
“Se instaurará una denuncia penal contra aproximadamente 168 actores en una red que habría generado una estructura para desfalcar los recursos de la salud”, afirmó el director de la entidad durante su intervención.
El funcionario señaló además que parte de los recursos investigados habrían sido transferidos al exterior, razón por la cual la UIAF ha venido trabajando con agencias internacionales para rastrear los movimientos financieros.
Según lo expuesto en el Consejo de Ministros, algunas de las operaciones financieras bajo análisis también son conocidas por autoridades de Estados Unidos. Mejía indicó que se han identificado movimientos de dinero en cuentas de ese país y mencionó que dos personas concentran alrededor de 20.000 millones de pesos en operaciones que actualmente son objeto de seguimiento.
Durante la sesión, el presidente Gustavo Petro afirmó que dentro de las entidades relacionadas con la investigación se encuentra Coosalud EPS, junto con otras EPS y empresas vinculadas al suministro de medicamentos. El mandatario sostuvo que parte de los recursos públicos destinados al sistema de salud habrían terminado en fondos internacionales.
Uno de los hallazgos expuestos por la UIAF se refiere a la presunta existencia de cerca de 45 millones de facturas sin sustento que habrían sido ingresadas a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), situación que también será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para su verificación.
De acuerdo con el informe presentado, la investigación permitió identificar a 83 profesionales vinculados a labores contables y de revisoría fiscal, así como a 17 EPS que tendrían vínculos societarios dentro de la red investigada. También fueron identificadas 25 personas naturales que desempeñarían cargos de representación legal y dirección, además de 43 personas jurídicas, entre ellas tres entidades financieras.
Según la hipótesis expuesta por la UIAF, algunas de estas personas habrían conformado un conglomerado empresarial destinado a movilizar recursos desde las EPS hacia IPS y posteriormente a cuentas bancarias dentro y fuera del país. No obstante, será la Fiscalía General de la Nación la encargada de determinar la veracidad de estos señalamientos y establecer las responsabilidades individuales correspondientes.
Durante el mismo Consejo de Ministros, Mejía anunció además que la entidad presentará otra denuncia relacionada con una presunta red de compra y venta de votos en procesos electorales.
Según indicó, la información recopilada permitiría denunciar a cerca de 2.900 personas por presuntos pagos para la compra de votos y a aproximadamente 3.200 ciudadanos por la supuesta venta de su voto. Estos hechos también deberán ser investigados por las autoridades judiciales y electorales competentes.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro reiteró sus críticas a sectores políticos y responsabilizó a la Comisión Séptima del Senado por el archivo de la reforma a la salud ocurrido en diciembre de 2025, al considerar que esa decisión incidió en la actual situación del sistema sanitario.
Las denuncias anunciadas por la UIAF entrarán ahora en etapa de análisis judicial y será la Fiscalía General de la Nación la encargada de establecer si existen méritos para formular imputaciones, solicitar medidas judiciales o adelantar procesos penales contra las personas mencionadas en la investigación.
