Al cumplirse una semana del cese de actividades en los centros zonales del ICBF en Antioquia, los sindicatos mantienen la protesta alegando precariedades en infraestructura, más de un centenar de vacantes sin cubrir, falta de recursos y denuncias de maltrato laboral. Aunque se han dado cambios en la dirección regional, aún no se registran avances de fondo en las negociaciones.

El paro de los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Antioquia completa siete días y, pese a los acercamientos, no se han logrado acuerdos estructurales entre los sindicatos y la entidad.

La designación de Diana Catalina García como directora encargada, en reemplazo de Diana Carolina Baloy, generó un mejor ambiente en las conversaciones, según los trabajadores, pero no ha sido suficiente para levantar el cese de actividades.

Diego Bran, presidente del Sindicato de Defensores de Familia, aseguró que la anterior administración tenía una ruptura casi total con los empleados y los sindicatos, además de denuncias por acoso laboral y sindical.

Por su parte, Carolina Echavarría, del centro regional de Urabá, explicó que las exigencias principales se concentran en tres puntos críticos: Infraestructura deficiente: sedes en condiciones precarias como la de Yolombó, que no cuenta con edificio propio, y el centro zonal Medellín Suroriente, que quedó destruido tras un incendio en diciembre de 2024.

Vacantes sin cubrir: existen más de 100 cargos sin nombrar, lo que afecta gravemente la capacidad de atención a la niñez y adolescencia.

Maltrato laboral

 los sindicatos denuncian que funcionarios señalados por maltrato han sido reubicados en los mismos cargos, sin correctivos de fondo. A esto se suma la falta de recursos suficientes para el funcionamiento de los centros zonales, muchos de los cuales están en mal estado o no tienen los insumos mínimos para operar.

Mientras la administración del ICBF asegura que los servicios no han sufrido contratiempos, los trabajadores insisten en que solo se están atendiendo casos urgentes. Los procesos vitales para el restablecimiento de derechos de los menores se encuentran paralizados, situación que podría desbordar a las comisarías de familia en los próximos días.